Los conservadores baleares han presentado una Proposición de Ley para cerrar la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción, impulsada en 2016. Algunos medios lo explican por la investigación llevada a cabo sobre actividades urbanisticas de un dirigente político.
Al parecer lo investigado tenia que ver con "permitir, a sabiendas de su ilegalidad, que una veintena de negocios operasen sin licencia y de forma “clandestina” en el polígono industrial de la localidad".
Los argumentos del Govern son, sin embargo que existe "una duplicidad respecto de algunas de sus funciones” y por el presupuesto de la entidad que “ahora alcanza los 1,5 millones de que prácticamente se destinan en su totalidad a los sueldos de los altos cargos como el director”.
Para la oposición de izquerdas “ocultar, suprimir y eliminar mecanismos de control recuerda a las etapas más oscuras del PP”. El portavoz parlamentario del PSIB, valorando los primeros 100 días de Govern del PP - con el apoyo de VOX, tras un pacto que incluye la presidencia del Parlament -, afirma que se han caracterizado por “la eliminación de órganos de control a su acción, los retrocesos, las imposiciones y las chapuzas”.
https://www.ultimahora.es/noticias/local/2023/09/04/2005887/govern-ultima-cierre-oficina-anticorrupcion-antes-acabe-ano.html
https://www.eldiario.es/illes-balears/politica/pp-acelera-cierre-oficina-anticorrupcion-balears-investiga-corrupcion-alto-cargo-popular_1_10582757.html
Leemos en un documento del INAP [1] que el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Jose Luis Escrivá, ha propuesto un consenso sobre la transformación de la Administración General del Estado (AGE) - y a rebufo al resto de Administraciones Públicas - para fortalecer la captación de talento, evaluar mejor las políticas públicas y facilitar el acceso de la ciudadanía , expuesto en la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso para conseguir que la Administración sea “más moderna e innovadora, mejor dotada de efectivos, que disponga de las herramientas tecnológicas que garanticen los derechos fundamentales de la ciudadanía, y con unos servicios públicos de calidad que sean más accesibles para todos”. La intención final es avanzar en los indicadores de buen gobierno, porque a pesar de la mejora de los últimos años “queda margen para seguir acercándose” a los países mejor posicionados, “los nórdicos, que es nuestra ambición”. Para cumplir ese obj
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