En una entrada de su blog, ya hace unos cuantos meses, Concepción Campos (en http://concepcioncampos.org/direccion-publica-profesional-y-gestion-de-fondos-ngeu/ ) describió atinadamente la vinculación de la DPP y la gestión de los fondos Next Generation, cuando, entre otros, citaba el Real Decreto 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y el desarrollo en Comunidades Autónomas, como la de Cataluña , en su Decreto Ley 5/2021, de 2 de febrero, en el que se describían determinadas características cuando se hablaba de la selección, la evaluación y rendición de cuentas, la retribución y la temporalidad y desvinculación de las personas que han de dirigir los programas. Por otro lado vemos, gracias a la atención de los compañeros de la Asociación por la Dirección Pública Profesional de Canarias @2016ADPC, el texto de la ley 4/2021, de
El gobierno de España, a través del ministerio de Hacienda y Función Pública, propone un test sobre conflicto de interés, prevención del fraude y la corrupción , en el marco de un sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), mediante la Orden HFP/1030/2021 , de 29 de septiembre, que incluye un importante paquete de medidas para evitar riesgos, entre otros los que se refieren a la integridad pública. Concretamente, el test citado es uno de sus anexos, el II.B.5, se compone de 16 ítems que pueden valorarse en una escala de 1 a 4 y cuyos enunciados son los siguientes: 1. ¿Se dispone de un «Plan de medidas antifraude» que le permita a la entidad ejecutora o a la entidad decisora garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de