Llevamos algunos años - más de cinco - hablando del bloqueo del CGPJ y ya hemos escrito casi todos al respecto intentando no mentar la bicha - lawfare[1] - para que no nos azucen la hidra madrileña (jopé, que entradita…)
Pero me parece de interés añadir que yo veo un doble
bloqueo, otro además del primero que consiste en que unos señores y señoras muy
talluditos y formales no se van de un sitio en el que tocaba que se fueran hace
un montón de tiempo y siguen acudiendo a un edificio público sin que les toque,
actuando en las cosas que les siguen llegando (¿?) y cobrando todos meses. Y un
montón de personas alrededor que actúan como si nada sucediera: el bedel que
les abre la puerta, el funcionario que firma sus nóminas, los ciudadanos que
les saludan como si tal cosa cuando se les encuentran por las calles, los periodistas
que acuden a sus ruedas de prensa cuando las convocan… En este primer bloqueo
hay un partido político que además está muy conforme con la situación.
Pero veo, como digo, otro bloqueo, que se da en otros
cuerpos de altos funcionarios y que añade mas desconcierto: el de clase.
Así, según importantes expertos, estos señores y señoras serían, estadísticamente
hablando, de buenas familias y por ello habrán acudido a colegios caros y
formados con los mejores recursos disponibles, lo que hace mas extraña su
actual - bueno, desde hace mas de cinco años - vocación de okupas.
Al respecto leo un artículo de un distinguido profesor
universitario[2]
publicado en el número 8 (Nueva época) de la revista Documentación
Administrativa (INAP, Enero-Diciembre 2021) titulado ¿Debe la alta función
pública parecerse a la sociedad? que existen varios factores que no han
sido abordados hasta la fecha con la suficiente efectividad:
Uno, que esta élite no es representativa territorialmente.
En los estudios disponibles aparece la región madrileña y alrededores como principal
fuente - en algún cuerpo más que se triplicaban los miembros que le
corresponderían por demografía - y otras muy por debajo de lo que le
correspondería. Así, se facilita que
algunos cuerpos principalmente “se queden” en Madrid.
Dos, que en general proceden de las capas acomodadas
de la población[3] con riesgo
de “endogamia cultural”. “La orientación, inducción y contactos ofrecidos en
casa - se dice - junto con el soporte familiar para preparar durante años las
pruebas, parecen constituir una palanca eficaz para el éxito”. En el momento de
escribirse el informe los candidatos destinaban “de media casi 3 años a la
preparación de las pruebas, lo que deben acompañar de aprendizaje o
refuerzo de lenguas extranjeras y el pago de academias o preparadores”.
[1] De Wikipedia:
Se conoce como guerra jurídica, instrumentalización de la Justicia,
judicialización de la política o acoso judicial (en inglés, lawfare) a la
utilización abusiva o ilegal de las instancias judiciales nacionales e
internacionales, manteniendo una apariencia de legalidad, para inhabilitar o
provocar el repudio popular contra un oponente.
[2] Jorge
Crespo González es Profesor de Ciencia Política y de la Administración en la
Universidad Complutense de Madrid (UCM) https://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1512943
[3] De
acuerdo con los datos publicados en Ruano et al. (2014).
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