La DPP, incluida como una de las propuestas estrella para la reforma de la Administración del Estado.

 Catorce años y medio después de la publicación del Estatuto Básico del Empleado Público y su artículo 13 sobre “Personal directivo profesional” en el gobierno de JL. Rodríguez Zapatero - tras el impasse de los gobiernos de M. Rajoy - se registra un impulso poderoso y concreto en esa dirección, con la publicación, hace unos días, a finales del 2021, del informe “Propuestas para reformar la Administración del Estado”, que dedica uno de sus 13 apartados a la “Profesionalización de la dirección pública”.

El informe es el resultado del compromiso del Ministerio de Hacienda y Función Pública con la Administración del siglo XXI, para afrontar los retos del futuro, poniendo en valor los servicios públicos en la etapa post pandemia para “redistribuir la riqueza, evitar desigualdades y actuar como impulsor del dinamismo económico, de la innovación, de la investigación y de la capacitación del capital humano que luego se trasladará a la economía en su conjunto”.

Un reto que “no sólo requiere recursos, sino también una buena gerencia pública” conectada con el componente 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuyas reformas han de cumplirse en los términos y plazos comprometidos por el gobierno de España ante la Comisión Europea.

Para ello, la Secretaría de Estado de Función Pública constituyó, en abril pasado, el “Grupo de análisis y propuestas de reforma en la Administración del Estado”, presidido por la directora del INAP, Consuelo Sánchez Naranjo, integrado por nueve personalidades de alto nivel – entre ellas los admirados profesores Manuel Arenilla y Francisco Longo, y nuestra compañera de la ADPP, Concepción Campos -, y cuya coordinación y secretaría ejerció mi buen amigo, hace años alto responsable en la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha y ahora alto funcionario del INAP, Luis Herrera Díaz-Aguado, cuyos trabajos concluyeron el pasado mes de septiembre.

El informe arranca subrayando la relevancia de la Administración pública española en el desarrollo y la sostenibilidad de nuestra sociedad, y vinculando la gerencia pública, los modelos de excelencia, la consecución de los resultados, los objetivos y las metas, “resultados que se traducen en valor público” clave en un momento de crispación hacia la deslegitimación como el actual.

El contenido del punto 3, “Profesionalización de la dirección pública” se describe así: Diferenciar con claridad el espacio de dirección estratégica, propio del Gobierno y de configuración política, con el espacio de la dirección gerencial, de carácter profesional, estable y responsable. Para ello se propone la creación de un espacio de DPP ubicado entre la dirección de nombramiento político y la esfera técnico-profesional cuyo desarrollo aconsejaría un Estatuto del Directivo o una Ley de Dirección Pública.

En la articulación del modelo el informe recoge algunas alternativas que dejan posiciones abiertas. Por ejemplo, en cuanto a las personas que pueden acceder a la DPP, junto a la actual y tradicional forma de provisión general por personal funcionario de carrera perteneciente a cuerpos y escalas del subgrupo A1, una segunda, consistente en abrir el acceso a los puestos de DPP también a personas externas a las AA PP, como hacen la gran mayoría de los países que la han institucionalizado.

En cuanto a la selección, el documento propone un organismo profesionalizado e independiente, al estilo de la CReSAP o de la fórmula que la Junta de Andalucía ha diseñado en su anteproyecto de Ley de Función Pública, que también facilitará la cobertura de los puestos directivos que le solicite el Gobierno.

La cobertura deberá ir precedida de una convocatoria pública en la que se fijen los requisitos exigidos para el desempeño del puesto, las funciones inherentes al referido puesto y los méritos a valorar en el desempeño del puesto.

En cuanto a la provisión de los puestos de la DPP, pueden adoptarse dos soluciones también alternativas, incluyendo un proceso de acreditación, como el que venimos defendiendo desde hace años algunas de las personas que creamos la Asociación Dirección Pública Profesional, de España, y que desarrollamos con el CERPER, que facilite la identificación de personas que disponen del perfil profesional, las competencias, la formación y la experiencia adecuados para el ejercicio de la DPP. Como se sabe, estos mecanismos de acreditación o certificación incluyen la presentación de evidencias, la superación de pruebas y la realización de entrevistas que permitan dar cuenta de los conocimientos y competencias directivas de los candidatos. El organismo antes citado designaría una terna de personas que elevaría al órgano de la AE que hubiera solicitado la cobertura del puesto, para su designación.

En la otra posibilidad, se iría a un sistema de selección en el que el organismo estaría habilitado - podría ser asesorado por especialistas técnicos - para definir y aplicar los instrumentos precisos, con las peculiaridades propias de la selección de directivos, haciendo compatible la valoración del mérito con la confianza profesional.

En cualquier caso, se establecería un acuerdo de gestión o memorando de objetivos del directivo público, expresados como resultados, que se haría público en la convocatoria de provisión y se concretarían en cada anualidad.  La consecución de los objetivos del memorando sería ser evaluada objetivamente por el organismo citado en un informe que debería elevarse al órgano competente para el nombramiento. Los resultados de esta evaluación podrían determinar la retribución variable prevista y, en su caso, la remoción del puesto.

Los nombramientos para puestos directivos profesionales serían temporales, acabando con las de hecho implantadas libres designaciones vitalicias. Durante el período del mandato únicamente debería ser causa válida de cese la valoración negativa contenida en el informe de evaluación del memorando de objetivos, acabando con los, demasiado frecuentes aun, ceses discrecionales, al otro lado del péndulo.

Se propone desarrollar proyectos piloto en algunos organismos para validar la propuesta.

También se dedica un espacio para la DPP el mundo local para entidades de cierto tamaño.

En fin, un sustancial avance sobre el modelo actual que, sin duda, puede impulsar un profundo cambio de cultura.