Leemos en un documento del INAP[1]que el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Jose Luis Escrivá, ha propuesto un consenso sobre la transformación de la Administración General del Estado (AGE) - y a rebufo al resto de Administraciones Públicas - para fortalecer la captación de talento, evaluar mejor las políticas públicas y facilitar el acceso de la ciudadanía, expuesto en la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso para conseguir que la Administración sea “más moderna e innovadora, mejor dotada de efectivos, que disponga de las herramientas tecnológicas que garanticen los derechos fundamentales de la ciudadanía, y con unos servicios públicos de calidad que sean más accesibles para todos”.
La intención final es avanzar en los indicadores de buen
gobierno, porque a pesar de la mejora de los últimos años “queda margen para
seguir acercándose” a los países mejor posicionados, “los nórdicos, que es
nuestra ambición”.
Para cumplir ese objetivo, Escrivá ha propuesto a los grupos
parlamentarios avanzar en una Administración abierta, que se apoye en cuatro
ejes: “inversión en las capacidades de servicio público, políticas públicas
basadas en la evidencia, apertura a la ciudadanía y más transparencia,
participación pública y rendición de cuentas”.
Y lo ha ido concretando del siguiente modo:
En cuando a inversión en las capacidades de servicio
público, dado que más de la mitad de los empleados públicos alcanzará la edad
de jubilación durante los próximos diez años y en un contexto de cambio
tecnológico, “el desafío y la oportunidad es la captación y la retención de
talento desde “nuevos modelos de recursos humanos basados en
competencias y en posibilidades de carrera más estimulantes”
Una de las medidas estrella es “cambiar el modelo de
selección de personal y promoción profesional por uno basado en tareas y
competencias necesarias para el desempeño de los distintos puestos
susceptibles de ser ocupados, que a la vez plantee un modelo de carrera
motivador, que aproveche el potencial de los recursos humanos y que permita
desarrollar políticas de upskilling y reskilling de los empleados públicos”.
Otra es el anuncio de “un nuevo Estatuto del Directivo
Público que concrete sistemas formalizados de selección de carácter
meritocrático, elaborando perfiles y competencias directivas en torno a un
catálogo o repertorio, con períodos de desempeño estables, causas de
remoción tasadas, evaluación regular del desempeño y un sistema de
retribuciones vinculado a los objetivos alcanzados”. Asimismo, se
articulará un plan para captar talento junior y senior.
En el terreno de la elaboración de políticas públicas
propone que estén “basadas en una sólida evidencia científica y sometidas a
controles ‘ex ante’ y ‘ex post’” para lo cual se facilitará un papel relevante a
la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas, en cuanto a “la
evaluación previa y diseño de las distintas políticas públicas”, y se
potenciará el rol de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal
“en su control y evaluación a posteriori”.
Cada uno de los ministerios dispondrá de capacidades desde
la “definición de un sistema de indicadores”, con un “calendario de
evaluaciones” para impulsar “el buen diseño y supervisión de las políticas
públicas”. Además, se utilizará la Inteligencia Artificial generativa “en
la toma de decisiones, integrando, en un cuadro de mandos único, todos los
aspectos de la puesta en marcha de políticas: presupuestos, contratación,
procesos, órganos, impactos”
Por otro lado se anuncia el fin de la cita previa
obligatoria, “operando para ello una modificación en la Ley de
Procedimiento Administrativo Común”, “la
reforma del portal www.administracion.gob.es para organizarlo por hechos
vitales”, “el desarrollo de pilotos de hubs de prestación de servicios de
atención a la ciudadanía alimentados con IA”, y “fortalecer y potenciar el uso
del teléfono 060 (de información sobre gestiones y trámites con la AGE)
y avanzar en el uso del lenguaje administrativo claro y fácil”.
Además, “se creará una unidad operativa que pueda dar
respuesta a crisis inesperadas, como la pandemia, o retos de amplio alcance,
como la gestión de planes de recuperación”.
Finalmente, Escrivá ha presentado varias iniciativas para
reforzar los mecanismos de transparencia “que incluyan la regulación de
las actividades de los grupos de interés, la mejora de las herramientas de
participación ciudadana en la adopción de las decisiones de política pública,
la puesta en marcha de nuevas vías de prevención de conflictos de interés y el
refuerzo organizativo y de recursos de la Oficina de Conflictos de Interés,
y la mejora y fortalecimiento del Foro de Gobierno Abierto como espacio
de diálogo y cocreación normativa con la sociedad civil”.
Algunos de los más reputados académicos han valorado muy
positivamente la iniciativa. Concretamente, el profesor Carles Ramio ha
expresado lo siguiente: “En mi opinión este anuncio del ministro de
transformación digital y función pública es el más sensato, sólido y
valiente que he oído en varias décadas y tengo la intuición que va en serio
y que no es un ejemplo más de un mero brindis al sol. Ahora habrá que estar
atento a como las fuerzas internas reaccionarias van a intentar maniatar e
incluso matar tanto al nuevo ministro como a su Secretaria de Estado”, Escrivá y Mapelli . Y les ha enviado “muchos
ánimos a ambos” y les ha manifestado que “no solo van a tener detractores sino
también entusiastas en su iniciativa y celo reformista. Esperemos - concluyó - que
el ministro y su equipo tenga más suerte que sus dos únicos antecesores
realmente reformistas: Almunia y Sevilla”.
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