Ir al contenido principal

Merece la pena legislar a favor de la integridad y contra contra las fake news.

Nuestro país necesita un potente marco jurídico a favor de la integridad en general y contra las fake news en particular. Y ese empeño merece la pena.

A esas noticias falsas o bulos de las que hablamos tanto en estos días porque le afectan al presidente del gobierno de nuestro país, pero que son ya una plaga maligna en cualquiera de los ámbitos de actividad, que se propagan habitualmente por Internet - en eso que se ha llamado “la hidra digital de madrid” - sí, con minúscula, no de ese Madrid, con mayúscula, donde nací y estudié y trabajé tantos años - para desinformar, engañar y manipular a las personas, hay que ponerles coto.

Porque ese tipo de “noticias” no sólo se utilizan como herramienta para conseguir algo en política, sino también en el ámbito económico - como para extorsionar a bancos - o alimentar controversias o deslegitimar, entre pequeños grupos u organizaciones e incluso entre personas.

El fenómeno de la desinformación se estimula desde pequeñas plataformas - por ejemplo, pseudo sindicales - que buscan destruir al oponente o generar un clima en contra de una determinada línea de actuación, también en el terreno científico, hasta desde potentes organizaciones, como algunos partidos políticos, incluso desde sus escaños.

Quienes se inventan o deforman situaciones o hechos que visten como “noticias” se aprovechan del derecho a la libertad de expresión. La Unión Europea ha publicado “Como combatir las fake news” en https://spain.representation.ec.europa.eu/noticias-eventos/noticias-0/como-combatir-las-fake-news-2022-02-28_es

Y hay plataformas europeas que combaten la desinformación, como EU vs DESINFORMATION.

Jueces para la Democracia alerta del riesgo de las denuncias basadas solo en la prensa.

https://www.publico.es/politica/jueces-democracia-alerta-riesgo-denuncias-basadas-prensa.html

Comentarios

Entradas populares de este blog

Escrivá pone encima de la mesa una ambiciosa reforma de la Administración General del Estado

  Leemos en un documento del INAP [1] que el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Jose Luis Escrivá, ha propuesto   un consenso sobre la transformación de la Administración General del Estado (AGE) - y a rebufo al resto de Administraciones Públicas -    para fortalecer la captación de talento, evaluar mejor las políticas públicas y facilitar el acceso de la ciudadanía , expuesto en la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso para conseguir que la Administración sea “más moderna e innovadora, mejor dotada de efectivos, que disponga de las herramientas tecnológicas que garanticen los derechos fundamentales de la ciudadanía, y con unos servicios públicos de calidad que sean más accesibles para todos”. La intención final es avanzar en los indicadores de buen gobierno, porque a pesar de la mejora de los últimos años “queda margen para seguir acercándose” a los países mejor posicionados, “los nórdicos, que es nuestra ambición”. Para cumplir ese obj

Liderar para transformar las organizaciones públicas (2/17)

Sabemos que no todas las personas que ocupan los niveles superiores de las Administraciones públicas, y por ello tienen la máxima responsabilidad en el impulso de su Transformación, incluyen en sus agendas estrategias de Cambio. En ocasiones hemos conocido personas - de extracción política o técnica-, que entienden la situación al estar en la cúspide jerárquica de una organización pública como una “no intervención”, de manera que su máxima aspiración se centra en que, durante su estancia en la institución, todo siga igual que antes , e incluso que continue igual después de su salida. Tanto en los colectivos político como en el técnico, hemos podido encontrar quienes consideran que “merecen” situarse durante una temporada en esos niveles relevantes sin pararse a pensar en si cuentan con la formación, las competencias y la experiencia necesaria para, por ejemplo, dirigir equipos. O si sus ideas y/o convicciones sobre integridad, eficacia y eficiencia, sobre participación, evaluación del

La AGE inicia, por fin, la regulación de su Dirección Pública Profesional

El Gobierno de España ha dado un importante paso al publicar, por fin, 17 años después de la publicación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y su artículo 13, la Orden TDF/379/2024 [1] , de 26 de abril, para la regulación de especialidades de los procedimientos de provisión de puestos del personal directivo público profesional y las herramientas para su gestión [2] Con un Preámbulo en el que resalta que la figura de la DPP es “un elemento clave en la concepción de una Administración moderna orientada a la planificación, evaluación y control de las políticas públicas”   (…) “actor protagonista llamado a impulsar y pilotar las actuaciones dirigidas a ejecutar las políticas públicas y a colaborar en la transformación hacia un empleo público altamente capacitado”, y refiriéndose al componente 11 sobre la modernización de las Administraciones públicas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y su hito número 148 sobre “la regul