No hay una buena Administración sin un buen Gobierno, y al revés. Y esto que parece casi de cajón, es otra de las cosas que parece no está en “la Agenda”, empeñados unos en achacar a los otros - con trazo grueso, sin afinar - el origen de todos los males que reducen nuestro potencial como país.
En la legislatura
de Illes Balears de 2007 a 2011 se dieron una serie de circunstancias,
de clima político y de liderazgo[1]
, que hicieron modificar un tanto ese
general guion, provocando un consenso en torno a la idea de cambio profundo
en ambos terrenos, y produciendo un marco normativo ambicioso, con la Ley
4/2011 de 31 de marzo, de Buena Administración y Buen Gobierno[2]
que justo hoy celebra su décimo aniversario.
Tuve el honor de
formar parte de un equipo de altos expertos[3]
que elaboró el borrador de esa norma, en un proceso apasionante, largo y
trabado que logró aprobarse justo en los últimos días de legislatura.
La primera parte
de la ley recogía buena parte del conjunto de principios, herramientas,
estrategias e instrumentos que se vienen defendiendo, la mayoría ensayados con
éxito en esa legislatura, que dirigen la actuación de la Administración hacia
la ciudadanía: la accesibilidad y la participación, la administración
electrónica (expediente, registro y archivo electrónico, interoperabilidad, ...) y simplificación, transparencia, sistemas de
gestión, cartas marco, de compromisos, reconocimientos ...
La segunda parte
de la ley enfocaba hacia un liderazgo político ético e integrador,
entrando en temas de integridad (principios, conflictos de intereses,
publicación de dietas…), de gobernanza – sí, en aquellos años – de traspaso
de poderes, apertura de datos, evaluación de políticas públicas - entrando
en detalle con varios artículos y la creación de una Oficina de impulso, la OAPIB…
-, declaraciones patrimoniales… En muchas de esas áreas nos orientó el
maestro Manuel Villoria.
Algunos de estos
elementos, los menos relevantes pero más llamativos, tuvieron un gran impacto
mediático, como el cambio de tratamiento oficial de carácter
protocolario de los miembros del Gobierno y de los altos cargos, que en algunos
casos era el de molt honorable u honorable y pasó a ser el de señor o
señora, seguido de la denominación del cargo, ocupación o rango
correspondiente (art 31.6).
La mayoría de su contenido,
a pesar de su potencia transformadora, pasó desapercibido por los medios
y para la sociedad. Y el gobierno que entró a los pocos meses la ignoró casi
por completo, en un acto reflejo, de manual. Y los siguientes, vaya usted a
saber por qué, también.
En el día en el
que se cumplen los 10 años de la Ley 4/2011 cabe preguntarse: ¿es posible en
Illes Balears una salida de la crisis sanitaria, social y económica que ha
provocado la pandemia sin una buena Administración y un buen Gobierno? Pues
ya les digo que, por ejemplo, sin instrumentos y sistemas, sin evaluación de
organizaciones y de políticas y la correspondiente rendición de cuentas
y la transparencia consiguiente, será una salida insuficiente, por incompleta.
Según el ultimo
estudio de calidad de gobierno que dirigía el politólogo Víctor Lapuente[4],
de 2017, Illes Balears estaba en los puestos de abajo de España en los
tres anclajes del estudio: percepción de imparcialidad, de calidad de los
servicios públicos y de corrupción - y eso que España estaba en la parte de abajo
de la tabla de los países de Europa.
Como el estudio
no se ha vuelto a publicar y han pasado muchos años desde entonces, estoy seguro
de que la situación ya no será así. Y de que, en todo caso, el futuro no está escrito y que nunca es tarde para cambiar de
rumbo.
(Nota al gráfico: la línea intermedia, azul es la media europea en los tres anclajes - imparcialidad, calidad de los servicios públicos y corrupción - , la que está por fuera, por encima de la media, con buenos datos, es la región de Utrech y la que está dentro, la de Illes Balears. En enlace está la opción de comparar territorios)
[1] En otra entrada próxima, con similar título,
hablaré del liderazgo de ese momento.
[2] https://www.boe.es/eli/es-ib/l/2011/03/31/4
[3] Como la abogada de la Comunidad y hoy
directora de la Abogacía de Illes Balears, Lourdes Aguiló.
[4] https://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/news/2018/02/27-02-2018-european-quality-of-government-index-2017
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