Ha hecho ya cinco años desde que se construyó el primer sistema de certificación de personas directivas en nuestro país, por iniciativa del entonces Comité para la Excelencia de la Dirección Pública (CExDiP) que más adelante generaría lo que hoy es la Asociación de Dirección Pública Profesional, de España (ADPP).
Aquel CExDiP, una red informal de cerca de 100
personas que defendían la necesidad de avanzar en la profesionalización de las
personas que trabajaban en las organizaciones públicas dirigiendo equipos,
planes, programas y proyectos, se propuso construir una herramienta para que
las organizaciones más innovadoras pudieran recurrir a un instrumento externo e
independiente para preseleccionar a sus personas directivas. La herramienta
también permitiría que personas directivas, que quisieran contrastar sus
capacidades y el nivel de sus competencias, pudieran hacerlo.
Asi que la herramienta se diseñó para ese doble uso,
teniendo como referencia metodológica lo establecido por la Entidad Nacional de
Acreditación y Certificación (ENAC)[1] sobre la certificación de personas, basada en
la norma UNE-EN ISO/IEC 17024, que persigue aportar confianza en la competencia
de las personas para realizar determinadas actividades. En este contexto se entiende
por "competencia" el conjunto de conocimientos, experiencia y
habilidades requeridas y demostradas para el desarrollo eficaz de las tareas
encomendadas.
De acuerdo con esta norma 17024, para poder certificar
personas se debe desarrollar un Esquema de Certificación que contenga entre
otros elementos: el perfil del puesto, los prerrequisitos (experiencia y
formación), los requisitos (competencias y habilidades) y el diseño del examen
para evaluar los requisitos. Con este Esquema, un organismo de certificación -
también regulado en la citada norma - desarrolla el proceso de certificación,
asegurando la total trazabilidad del proceso e independencia de los
evaluadores. Un proceso de certificación voluntario para los profesionales, con
el que obtienen así un reconocimiento formal de los conocimientos, habilidades
o aptitudes de una tercera parte independiente.
Con este propósito y esta metodología se generó una
alianza con una de las entidades de certificación de Personas de España, en
este caso, el Centro de Registro y Certificación de Personas (CERPER), de la
Asociación Española para la Calidad (AEC), que en todo momento supervisó y dio
soporte técnico al Comité de los
Esquemas de Certificación de
Directivos Públicos Profesionales.
Este Comité trabajó mediante un sistema de panel y desde un documento base preparado por tres de
los participantes[2],
sintetizado de un trabajo anterior en torno al Esquema de Certificación de Categoría1,
e inspirado en los modelos de Alta Dirección de los países y territorios más
avanzados del mundo.
Los trabajos preparatorios comenzaron en el verano de
2014 y los del Comité tuvieron su inicio a finales de 2014, terminando en marzo
de 2015. El Comité, estuvo compuesto por 27 personas, presidido por Javier
Bustamante[3] y
coordinado por Rodrigo Martin[4]. Ese Comité se constituyó con 5 grupos de interés:
● Instituciones Públicas: Integrado por Gobiernos y Administraciones públicas
interesadas en el desarrollo de la Dirección Pública
● Organizaciones de Formación: interesadas en -o que desarrollen la - dirección de organizaciones públicas y/o empresas.
● Directivos Públicos Certificados/ Acreditados: Directivos Públicos que cuenten con una acreditación/ certificación externa de competencias.
● Expertos y Empleados Públicos: Personas que tienen conocimientos expertos de ámbitos de la
función directiva.
●
Sociedad Civil y Empleados Públicos Asociados: Asociaciones de consumidores, organizaciones de
directivos públicos y otros.
Las
Instituciones Públicas y las organizaciones de Formación que participaron
fueron las siguientes:
Subdirecció
General de Despeses de Personal. Departament d’Economia i Coneixement,
Generalitat de Catalunya; Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz; Grupo Técnico de
RRHH de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias); Ayuntamiento
de Logroño; Ayuntamiento de Terrassa; Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón; Universidad
de Vigo; Universidad Miguel Hernández y la Cámara de Comercio de Madrid
La experiencia y el conocimiento aportado por instituciones diferentes fue clave para consensuar una definición de perfil de directivo público común para los retos organizativos que se establecieron.
Los Esquemas también definieron los métodos de examen y pruebas que ponen
de manifiesto la disponibilidad o no de las competencias requeridas. La determinación del orden, los tipos de prueba y
los pesos de las mismas se diseñaron por meta-análisis. El estudio de los
Sistemas de Selección de Altos Directivos de carácter profesional en otros
países y organizaciones internacionales, indica un énfasis en las pruebas
prácticas que tengan una alta fidelidad en relación con el desempeño en los
puestos de trabajo. Así se defineron:
Examen tipo 1, Test situacional, Centro de Competencia,
Bandeja de llegada, Caso práctico, Presentación del caso.
Examen tipo 2, Test Situacional, Centro de Competencia,
Caso práctico, Ejercicio grupal de coordinación, Defensa oral, Entrevista
conductual estructurada.
Finalmente, señalar que, aunque la certificación del SC/DPP no es un proceso selectivo
propio de las Administraciones Públicas, su posible uso como pre-selección hace que resulte de sumo
interés, y un reto a la vez, su comparación - en cuanto al diseño - mediante un
estudio propio de validez del sistema de certificación en relación con la
decisión de certificación que se realiza y la propia evaluación del desempeño a
la que voluntariamente los DPP certificados, en sus puestos, se quieran someter.
Este sistema fue anterior al utilizado en España por
la Agencia Española de Protección de Datos para la certificación de delegados
de protección de datos https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/cumple-tus-deberes/medidas-de-cumplimiento/delegado-de-proteccion-de-datos/certificacion
El
proyecto puede ser de enorme interés para gobiernos y Administraciones de tamaño mediano que quieran dotarse de
directivos públicos y que no puedan mantener sistemas propios de pre selección / certificación, pero
también para los de gran territorio que quiera reducir gastos, entre otros de
desplazamiento, a la hora de realizar las evaluaciones de sus directivos.
[1]
https://www.enac.es/quienes-somos/-que-es-enac-
[2] Bustamante, Javier; Monar, Fernando y Martín, Rodrigo.
[3] Bustamante, economista, entre otros muchos cargos
ejercidos en los diferentes niveles de las Administraciones públicas, fue
presidente de la empresa pública estatal SEGITUR.
[4] Martín, ingeniero de Telecomunicación, máster en
Recursos Humanos, coordinó el Comité para la Excelencia de la Dirección Pública
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