Las 31 medidas del plan de regeneración democrática presentado recientemente por el Gobierno de España, se refieren, en buena parte de su contenido, a asuntos que tiene que ver con las Administraciones Públicas, que me han parecido de gran interés y que iré comentando aquí poco a poco.
El denominado Plan de Acción por la Democracia, aprobado
por el Consejo de Ministros, introduce cambios en la ley mordaza, la de secretos
oficiales o el Código Penal en lo que respecta a la protección de la libertad
de expresión o el delito de injurias a instituciones del Estado.
Y contiene, entre otras, medidas para ampliar y mejorar la
calidad de la información gubernamental, como el desarrollo de estrategias y
mecanismos de Gobierno Abierto, el Sistema de Integridad de la Administración
General del Estado, la rendición de cuentas obligatoria, la creación de la
Autoridad Independiente de Protección del Informante, la ampliación de la
plantilla orgánica del Ministerio Fiscal para crear dos nuevas unidades
especializadas de la Fiscalía General del Estado para avanzar en la lucha
contra la corrupción pública y privada, la reforma de la Ley de
Secretos Oficiales, medidas para fortalecer la transparencia, pluralidad y
responsabilidad del ecosistema informativo,
como la transposición Directiva anti SLAPP para la protección de los
periodistas de acosos externos, la introducción de límites a la financiación
que las administraciones públicas pueden dedicar a los medios de comunicación,
para que no haya medios impulsados por o dependientes de administraciones
públicas, la aprobación de una Estrategia Nacional de lucha contra las
campañas de desinformación, la puesta en marcha de un programa de ayudas dotado
con 100 millones de euros para promover la digitalización de los medios de
comunicación a través de la creación de bases de datos, el desarrollo de
herramientas de mejora de la productividad y calidad informativa, así como el
refuerzo de la ciberseguridad, la reforma de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia para que cuente con competencias en materia de
servicios digitales y medios de comunicación, en consonancia con la creación a
nivel comunitario del Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación o el
reforzamiento de los mecanismos de prevención y detección de los conflictos de
interés.
Algunas de ellas, las que más tienen que ver con la mejora
de las Administraciones Públicas, las iré desgranando en este espacio.
Nota: SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation) es un término acuñado por los profesores norteamericanos Canan y Pring de la Universidad de Denver en la década de 1980, que identifica una forma especialmente perniciosa de acoso e intimidación dirigida contra las personas implicadas en la protección del interés público.
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