El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha comenzado el mandato facilitando a cada uno de sus consellers una carta personalizada buscando definir un camino claro para el desarrollo de la actuación del Govern, en función de sus expectativas para cada Conselleria, determinando los objetivos a alcanzar[1]. Cada Conselleria deberá elaborar un plan estratégico que defina las prioridades y las líneas de acción a desarrollar en los próximos años. Este ejercicio de planificación permitirá al Govern establecer un marco de trabajo coordinado que impulse la eficiencia y la coherencia en la gestión pública.
La prensa recoge que esos trabajos deberán tener en cuenta los acuerdos de investidura con ERC y los Comuns, hacia una Cataluña moderna y progresista, donde el bienestar de la ciudadanía sea la prioridad principal[2].
Los ejes prioritarios del Pla de Govern que se han publicado se centran en “el fortalecimiento del autogobierno, la mejora de los servicios públicos – con especial énfasis en la sanidad, la educación y la vivienda -, la promoción de la transición digital y la transición ecológica”.
Se ha subrayado que los cuatro puntos cardinales que regirán el mandato de Illa son: pacto, institucionalidad, autogobierno y concordia.
Los trabajos fructificarán en el Pla de Govern de la XV legislatura.
La reunión de lanzamiento de esos enfoques se celebró en el emblemático Real Monasterio de Santamaria de Poblet, concretamente en el Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià.
El Real Monasterio es el prototipo de abadía cisterciense española y está localizado en la comarca de la Conca de Barberá, en Tarragona. Alcanzó su máximo esplendor en el siglo XIV, y su total decadencia y abandono en 1835 como consecuencia de la desamortización de Mendizábal. En 1991 fue declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad[3].
Leemos en un documento del INAP [1] que el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Jose Luis Escrivá, ha propuesto un consenso sobre la transformación de la Administración General del Estado (AGE) - y a rebufo al resto de Administraciones Públicas - para fortalecer la captación de talento, evaluar mejor las políticas públicas y facilitar el acceso de la ciudadanía , expuesto en la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso para conseguir que la Administración sea “más moderna e innovadora, mejor dotada de efectivos, que disponga de las herramientas tecnológicas que garanticen los derechos fundamentales de la ciudadanía, y con unos servicios públicos de calidad que sean más accesibles para todos”. La intención final es avanzar en los indicadores de buen gobierno, porque a pesar de la mejora de los últimos años “queda margen para seguir acercándose” a los países mejor posicionados, “los nórdicos, que es nuestra ambición”...
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