La DPP en la CETRA de Cataluña (1)

La Dirección Pública Profesional tiene gran visibilidad en la CETRA, la comisión de expertos que piensa el futuro de la Administración de la Generalitat de Cataluña que, desde una mirada “transversal e independiente, y un enfoque realista y efectivo” busca “impulsar cambios concretos y viables que mejoren los servicios públicos y abran la puerta a transformaciones más profundas” para que responda mejor a “los retos de hoy y de mañana”. La definición de “un nuevo modelo de la dirección pública profesional” es el objeto del Informe Grupo 8 cuyo vocal coordinador es Joan Canalda Vicens, bajo la presidencia general de Carles Ramió. El documento de propuestas se centra en identificar los elementos básicos que debería prever la incorporación de la DPP a la Generalidad de Cataluña y a su sector institucional. Conscientes del juicio favorable de la opinión pública “y de muy buena parte de la opinión publicada”, y también de la dificultad que comporta la introducción de la DPP, “ya que implica un cambio cultural importante en el funcionamiento de la Administración y supone modificar prácticas profundamente arraigadas” se trata de “un proyecto estratégico de amplio alcance que requerirá una implementación muy cuidadosa y resultados a medio y largo plazo”. Clave para el éxito es “que consiga la credibilidad del conjunto de la ciudadanía de Cataluña, que dependerá, básicamente, de que se incorporen de manera decidida los valores de la transparencia, la meritocracia y neutralidad política en los procesos de captación y de selección de los nuevos profesionales públicos”. En este contexto se plantea la conveniencia de crear un nuevo Instituto de Dirección Pública de Cataluña dotado de unos órganos de decisión de marcado carácter profesional y de independencia. Las nuevas plazas directivas, de carácter profesional, convivirán con las del antiguo modelo hacia un sistema estable, transparente y “adecuadamente justificado de los mismos dos ámbitos de la dirección pública”. Se apela directamente a que los nuevos directivos “se puedan comprometer profesionalmente con la Generalidad de Cataluña, con independencia de su ideología personal y con una clara vocación de servicio público y de estrecha colaboración con los órganos políticos elegidos democráticamente”. Los nuevos directivos profesionales obtendrán condiciones de estabilidad temporal “en el marco de una evaluación periódica de sus actuaciones y resultados”. Podrán proceder del sector público o del privado, pero todos serán seleccionados “a través de procedimientos acreditados de valoración de sus conocimientos y de las competencias”. La retribución preverá “una parte variable en función del grado de cumplimiento de los objetivos que se les hayan establecido”.