Carta abierta de organizaciones de la sociedad civil del Foro de Gobierno Abierto de España ante la Cumbre Global de la Alianza de Gobierno Abierto

Nos encontramos en un momento caracterizado por unos retos sociales, ambientales, económicos y democráticos que, con distintas intensidades y características, se replican en gran parte del planeta. Algunos de los logros y consensos alcanzados en décadas pasadas y sobre las que se cimienta un ideal compartido de democracia, prosperidad y paz están a día de hoy en entredicho y sufriendo retrocesos que afectan ya la vida y derechos de millones de personas. Ante estos retos y amenazas, los objetivos, principios y valores del Estado Abierto representan una hoja de ruta esencial para lograr y proteger una sociedad democrática, justa y próspera. Es por ello que las organizaciones y representantes de la sociedad civil en el Foro de Gobierno Abierto de España reconocemos el valor de la Alianza por el Gobierno Abierto como espacio estratégico para la defensa e impulso de esta visión en la comunidad internacional, así como el valor de los correspondientes procesos y espacios de Estado Abierto existentes a nivel estatal, regional y local. España se enfrenta a día de hoy a grandes retos que limitan la transparencia, el acceso a la información, la protección del espacio cívico y la participación ciudadana en los asuntos públicos. A pesar de la relevancia y urgencia de estos retos, las entidades de la sociedad civil que conformamos el Foro de Gobierno Abierto percibimos que las medidas adoptadas desde las Administraciones Públicas carecen del alcance y de la ambición necesarias y que los avances en cuestiones clave son escasos y lentos. Demandamos que los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Judicial y Legislativo), y también los distintos niveles de la Administración (central, autonómico y local), muestren valentía y voluntad política para apoyar la adopción de medidas clave para un Gobierno y un Estado Abierto y que éstas vengan acompañadas de una implementación real y ambiciosa de los compromisos adquiridos. La confianza en la democracia requiere recuperar el valor de la palabra y del compromiso en política. Sin una implementación real y ambiciosa de los compromisos de Estado Abierto, éstos no desencadenarán sus efectos positivos sobre el sistema democrático y pueden llegar incluso a contribuir a la desafección ciudadana hacia las instituciones y al hartazgo entre las entidades de la sociedad civil que defienden y promueven esta agenda de reformas. A la hora de garantizar la transparencia, el derecho de acceso a la información, la participación efectiva de la ciudadanía, la rendición de cuentas y la prevención de la corrupción; es necesario contar con voluntad política, con un marco legal adecuado y con unas instituciones capaces y dotadas de recursos suficientes. Pero todo lo anterior sólo será posible si existen órganos garantes del ejercicio de los derechos y del cumplimiento efectivo de las leyes y de las políticas; si estos órganos son realmente independientes de los gobiernos; y si se les dota de la capacidad para hacer cumplir sus decisiones Por todo lo anterior, y a pesar de la intensa actividad del Ejecutivo español a la hora de elaborar y presentar Planes, Estrategias y Consensos relacionadas con la agenda de Estado Abierto, las organizaciones y entidades de la sociedad civil del Foro de Gobierno Abierto echamos en falta compromisos y medidas ambiciosas sobre aspectos fundamentales. Específicamente: a. La existencia de mecanismos de contrapeso reales, tales como órganos fiscalizadores, que sean independientes del Poder Ejecutivo y que cuenten con los recursos y las competencias necesarias para poder ejercer su función, en temas clave como la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales. Ello es esencial para poder fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción y para poder garantizar el ejercicio del Derecho de Acceso a la información. b. La reforma de la Ley de Transparencia es uno de los desafíos más urgentes a los que debe de enfrentarse España, dándole naturaleza de ley orgánica para que el derecho de acceso a la información sea reconocido como Derecho Fundamental en la normativa española y su aplicación sea homogénea en todo el territorio español. Su ejecución eficaz es vital para fortalecer los principios democráticos y garantizar la responsabilidad pública. c. Disponer de una Estrategia Nacional Anticorrupción que incluya la regulación integral de la prevención de conflictos de intereses y de la actividad de los grupos de interés ante los distintos poderes del Estado así como la debida protección de personas informantes. Ésto, tal y como ha sido instado a España repetidas veces por diversos organismos internacionales, es esencial para reforzar la transparencia, la integridad pública y la calidad democrática. d. Consolidar mecanismos de participación de la ciudadanía en los asuntos públicos que sean efectivos y que generen una auténtica capacidad de contribución a las personas o entidades participantes. España se está incorporando muy tímidamente a innovaciones democráticas en materia de participación que ya son realidades consolidadas en muchos países de nuestro entorno, tales como procesos estables de democracia deliberativa o plataformas digitales que garantizan el ejercicio efectivo del derecho de petición. Asimismo, se requieren marcos regulatorios que otorguen seguridad jurídica, fomenten la participación de todos los agentes de la sociedad civil y eviten conflictos de intereses, entre ellos una ley de regulación del lobby, aún pendiente de aprobación, y la reforma del procedimiento de consultas públicas. e. Garantizar una gobernanza digital democrática que sitúe a las personas y sus derechos en el centro. La digitalización de la administración y el uso creciente de algoritmos e inteligencia artificial en la toma de decisiones públicas deben estar sujetos a transparencia, control democrático y participación ciudadana. Para ello necesitamos organismos independientes y autónomos que velen por el respeto de los derechos, un registro público de algoritmos y espacios de deliberación donde instituciones y sociedad civil construyamos colectivamente el tipo de sociedad que queremos. Sólo así aseguraremos que la inteligencia artificial esté al servicio de una sociedad democrática, justa y orientada al bien común. Por otro lado, la riqueza y diversidad de perfiles y actores sociales dentro del ecosistema de Gobierno Abierto en España nos permite poner el foco en otras cuestiones que deberían formar parte central del modelo de Estado Abierto impulsado por España. Así: a. Ninguno de los objetivos del Estado Abierto se logrará plenamente si no se incorpora la perspectiva de género de manera transversal. Es necesario abrir los datos desagregados por sexo, promover medidas que incentiven este objetivo y evaluar el impacto de género de las políticas, así como contar con equipos multidisciplinares paritarios que aúnen todas las visiones. La escasez de mujeres en los puestos de dirección y alta gestión pública supone una pérdida de talento y de legitimidad democrática. b. Es igualmente esencial que todas las acciones que se emprendan desde un Gobierno tenga la mirada puesta en la exclusión social. Es necesario apostar por mecanismos, prácticas y metodologías que permitan poner voz a las personas que están en situación de exclusión y riesgo de exclusión para que se pueda conocer su opinión, expectativas y necesidades a la hora de diseñar y ejecutar políticas públicas. La red del Tercer Sector en España, y el voluntariado que lo sustenta, es un eslabón necesario para enlazar las políticas de Gobierno Abierto con la vida cotidiana de la ciudadanía, por lo que es un sector a cuidar y apoyar desde las administraciones públicas. c. Es imperativo que las decisiones públicas estén informadas y soportadas por evidencias científico-técnicas. Para ello, se deberán diseñar mecanismos adecuados de efectiva transferencia del conocimiento académico y profesional y de otras fuentes de conocimientos prácticos a los procesos de diseño de políticas públicas y de toma de decisión. También se deberá garantizar la presencia y participación activa de la academia y perspectiva profesional multidisciplinar en los foros y espacios de Gobierno Abierto. d. Resulta de especial importancia implantar la transparencia, el acceso a la información, la simplificación administrativa y la rendición de cuentas en el diseño mismo de la documentación pública, junto con el seguimiento, finalización y conservación de los procedimientos administrativos que regulan los derechos y los deberes de la ciudadanía, mediante un sistema consistente y común de gestión documental y de archivo. Sólo de este modo podrán las Administraciones Públicas gestionar eficazmente el equilibrio entre el derecho de acceso a la información pública y las posibles restricciones derivadas de la confidencialidad y/o de los datos personales contenidos en los documentos públicos. Pedimos, finalmente, al Gobierno de España que impulse a nivel doméstico y en el marco de la Alianza por el Gobierno Abierto un compromiso real de generar espacios eficaces y seguros de participación de la sociedad civil en el desarrollo de políticas y normativas. Es prioritario que exista una respuesta contundente de la comunidad internacional ante la creciente tendencia de algunos gobiernos de aplicar estrategias para restringir el espacio a la sociedad civil, disminuyendo su financiación, cuestionando su legitimidad e incluso llegando a perseguirlas, estigmatizarlas o litigar contra ellas. Esto está afectando ya a día de hoy a organizaciones y personas defensoras de derechos humanos y el planeta en muchos países del mundo. No queremos dejar pasar esta oportunidad para condenar públicamente todas las masacres, actos de terrorismo y guerras en el mundo, que afectan a la paz y dignidad de las personas, que están cobrándose miles de vidas y dañando profundamente el futuro de las supervivientes y de sus sociedades. En este día queremos señalar en especial la situación de genocidio que está sucediendo en Gaza. En coherencia con los principios y valores del Gobierno Abierto, el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos, requerimos a nuestros representantes públicos que pongan todos los mecanismos y acciones que en derecho les correspondan para detener estas violaciones de derechos humanos, condenar a sus responsables y reparar los daños causados. Creemos que es incompatible y profundamente incoherente promover los principios de gobierno abierto y la democracia, y a la vez que apostar por las lógicas de fuerza, violencia y guerra como herramienta de resolución de conflictos en nuestro mundo, entre países e internamente en los países. Las entidades de la sociedad civil del Foro de Gobierno Abierto de España hacemos un llamamiento final a todos los actores (Gobiernos, parlamentos, Poder Judicial, universidades, sociedad civil, tercer sector, empresas, profesiones colegiadas y sindicatos) a incrementar el compromiso, ambición y activismo por la agenda del Estado Abierto. Si actuamos conjuntamente y alineados en una misma dirección y con un objetivo compartido podemos convertirla en un efectivo rompeolas que proteja y amplíe nuestra democracia. El momento histórico que estamos viviendo nos interpela y debemos estar todas a la altura de las circunstancias. Listado de personas y organizaciones de la sociedad civil del Foro de Gobierno Abierto que se han adherido a esta Carta Abierta (en orden alfabético) Actualizado a 03/10/2025 • Access Info Europe (AIE). • Civio. • Severiano Fernández. Catedrático Derecho. Administrativo. Universidad de Cádiz. • Cristina Monge Lasierra. Profesora de Sociología. Universidad de Zaragoza. • J. Ignacio Criado. Profesor Titular (Catedrático acreditado) de Ciencia Política y de la Administración". • Fundación Más Democracia, Mejor Política. • Plataforma del Tercer Sector. • Plataforma del Voluntariado de España. • Political Watch. • Transparencia Internacional España.