Anotaciones acerca de la Consulta pública previa sobre el Anteproyecto de Ley de Administración Abierta

En línea con la mejora de la participación de la ciudadanía en la elaboración de las normas, el Gobierno del Estado abrió el pasado 1 de septiembre - hasta el 22 del mismo mes - un espacio para la participación sobre el “Gobierno Abierto” desde el reto de que nuestro país pueda liderar con el ejemplo y los esfuerzos que se han dirigido a reforzar la apertura de nuestras Administraciones y promover la transparencia, la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la integridad pública, con el objetivo de reforzar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y mejorar la calidad de nuestra democracia. En esta andadura, constituye un hito fundamental la incorporación de nuestro país, desde su fundación en 2011, a la Alianza para el Gobierno Abierto, una asociación internacional de reformadores, que reúne a los gobiernos nacionales, regionales y locales con las organizaciones de la sociedad civil, con la misión de fomentar en todos los ámbitos de la gestión pública, mediante planes de acción, el desarrollo de los valores de gobierno abierto. Hasta la fecha nuestro país ha diseñado, en colaboración con la sociedad civil, representada en el Foro de Gobierno Abierto, cuatro planes de acción y actualmente está finalizando la elaboración del V Plan 2025-2029. En la legislatura pasada comenzaron los trabajos de modificación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Se constituyó en el seno del Foro de Gobierno Abierto un grupo de trabajo, integrado de forma paritaria por representantes de las tres Administraciones y la sociedad civil. El grupo presentó unas conclusiones para la reforma de la ley que fueron posteriormente sometidas a un trámite de consulta pública previa. Los resultados de los trabajos y el desarrollo del proceso de consulta están disponibles en el Portal de Transparencia a través de estos enlaces. https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/Gobierno-abierto/Participa/Proceso-participativo-reforma-ley-transparencia1.html https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/Gobierno-abierto/Participa/3-Consulta-publica-previa0.html. Se considera que resulta necesario seguir avanzando de forma decidida, y para ello se propone un enfoque normativo coherente y ambicioso que integre en un solo anteproyecto de ley las diferentes dimensiones del gobierno abierto. Esta es la senda que marca el Informe de la Comisión Europea sobre el Mecanismo de Estado de Derecho, que insta a consolidar los avances en nuestro país en materia de integridad, transparencia y participación en los asuntos públicos. La incorporación de las diferentes dimensiones del gobierno abierto en un solo texto normativo se sitúa así en la línea marcada por la Recomendación de Gobierno Abierto de la OCDE de 14 de diciembre de 2017, que define esta nueva cultura como aquella que promueve los principios de transparencia, integridad, rendición de cuentas y participación en apoyo de la democracia y el crecimiento inclusivo. 1. Reforma de la Ley de transparencia. 2. Mejora de la participación ciudadana en los asuntos públicos. 3. Enfoque preventivo de integridad de la actividad pública a través de la fijación de un estándar de diligencia debida. 4. Refuerzo de la prevención de conflictos de interés. 5. Rendición de cuentas de la acción de gobierno y de la actividad administrativa. Avanzar hacia una Administración más abierta que fomente la confianza ciudadana en los servicios públicos mediante el impulso de la transparencia, integridad, rendición de cuentas y participación, constituye una de las obligaciones primordiales de los poderes públicos. El diseño, adopción y ejecución de las políticas públicas deben producirse en ese marco y orientarse hacia el interés general, para poder constituirse como una garantía de los valores democráticos, base fundamental del Estado social y democrático de Derecho. En este recorrido hay que señalar especialmente el Plan de Acción para la Democracia aprobado por Consejo de Ministros de 17 de septiembre de 2024, el Plan Estatal de lucha contra la corrupción, aprobado por Consejo de Ministros el 26 de agosto de 2025, y la estrategia Consenso por una Administración Abierta presentada por el Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública el 21 de julio de 2025 para dotar de coherencia y ambición las distintas vertientes que conforman el gobierno abierto: transparencia, integridad, participación pública y rendición de cuentas. 1. Refuerzo de la transparencia en sus vertientes de publicidad activa y ejercicio del derecho de acceso 2. Consolidar una cultura de integridad pública 3. Favorecer la participación pública 4. Garantizar la rendición de cuentas 5. Implantar una gobernanza efectiva y asegurar el cumplimiento normativo 5.1. Opciones de carácter regulatorio a) Transparencia. Por lo que se refiere a las opciones de carácter regulatorio, necesariamente deben partir de las conclusiones consensuadas en el subgrupo de trabajo creado en el seno del Foro de Gobierno Abierto. El subgrupo de trabajo ha realizado más de 80 propuestas con las que se pretende, por un lado, enriquecer el contenido de los actuales artículos o incorporar otros nuevos con la práctica surgida durante los años de vigencia de la Ley, de la doctrina de los órganos de garantía y de la jurisprudencia generada a lo largo de este tiempo, y, por otro lado, completar y cumplir con las obligaciones que se vienen demandando en diversos informes sobre esta materia por parte de diversos organismos internacionales, así como mejorar la propia sistemática de la Ley. Todas las aportaciones del grupo de trabajo pueden consultarse a través del siguiente enlace. b) Integridad Se propone dedicar un título específico a la integridad que incluya la regulación de los principios de buen gobierno y de buena administración, la regulación de la prevención de los conflictos de interés que afectan al personal alto cargo, personal eventual con funciones de especial asesoramiento político, personal directivo y personal empleado público, así como la creación de un estándar de diligencia debida. Estas medidas se completan con previsiones en materia organizativa y de régimen sancionador orientadas a asegurar el cumplimiento de los más altos estándares de integridad pública, en línea con lo establecido por el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción. c) Participación pública En el ámbito autonómico y local se han adoptado disposiciones normativas de variado alcance con el fin de articular los diversos cauces participativos del conjunto de la ciudadanía en la adopción de decisiones públicas. Resulta necesario que en el ámbito estatal se reflejen en una norma las distintas vías a través de las cuales la ciudadanía pueden tomar parte de forma más activa en la conformación de decisiones públicas. Para ello, el enfoque regulatorio parte de la obligación de los poderes públicos estatales de promover una amplia participación ciudadana a fin de ordenar los distintos instrumentos a través de los cuales puede encauzarse, como son las audiencias públicas, los foros de consulta o los paneles ciudadanos, así como las diferentes etapas de un proceso participativo. Del mismo modo han de tenerse en cuenta otros cauces de participación, como los órganos colegiados en los que participan organizaciones representativas de intereses sociales. d) Rendición de cuentas Las opciones en materia de regulación de la rendición de cuentas requieren determinar el modo en que han de hacerse públicos tanto de los resultados de la acción de gobierno en los distintos niveles territoriales como el rendimiento de los instrumentos operativos, como los planes o programas, que permiten que por parte de los órganos directivos se materialicen los resultados de la planificación estratégica de carácter gubernamental. Cuestiones como la estructura de estos planes o la periodicidad del ejercicio de la rendición de cuentas pueden formar parte de las previsiones normativas. Se propone, asimismo, que cada instrumento de planificación disponga de un sistema de evaluación externo que asegure la objetividad en la determinación del cumplimiento de los objetivos, siempre con pleno respeto a los ámbitos de autoorganización de cada una de las administraciones públicas. En cuanto a las opciones de carácter no regulatorio vemos los siguientes proyectos agrupados bajo el eje dedicado a la transparencia, participación pública y rendición de cuentas: a) Transparencia por diseño. b) Nuevo Portal de Transparencia de la Administración del Estado. c) Mejora de la participación ciudadana en normas y planes. d) Cultura de integridad. e) Mapa de la rendición de cuentas. Atendiendo a las consideraciones anteriores, se abre un periodo de consulta pública previa sobre el posible contenido del Real Decreto previsto. Plazo de duración de la consulta: Finaliza el 22 de septiembre de 2025. Dirección de correo donde dirigir las observaciones: consultapublicasefp@digital.gob.es Documentos https://digital.gob.es/ministerio/participacion-proyectos-normativos/consulta-publica-previa/proyectos/2025-09-01