Según Transparencia Internacional, España sigue ocupando el rango 36 – con Letonia y San Vicente, con 60 de puntaje - en el Índice de percepción de la corrupción (IPC), que lideran Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda con 90 de puntaje, sobre un techo de 100 puntos. O sea, igual que al año anterior y en un nivel muy similar desde 2013.
El IPC clasifica a 180 países y territorios de todo el mundo
según sus niveles percibidos de corrupción en el sector público.
Más de dos tercios de los países tienen una puntuación
inferior a 50 sobre 100, lo que indica claramente que tienen graves
problemas de corrupción. El promedio mundial se ha estancado en tan solo 43,
mientras que la gran mayoría de los países no han avanzado o han retrocedido en
la última década. 23 países cayeron a sus puntuaciones más bajas hasta la fecha
este año.
En Europa están los países y las regiones con mejor
puntuación, aunque su puntuación media regional descendió a 65 este año,
https://www.transparency.org/en/cpi/2023
“Silvina Bacigalupo, Presidenta de Transparency
International España, puso de manifiesto que: “(…) Mitigar y controlar este
riesgo que supone la corrupción no depende únicamente de los gobiernos, sino
que es preciso un esfuerzo coordinado de todos los actores sociales, políticos
y económicos.”
Y concluye señalando que “es necesario replantearse el
modelo actual de gobierno abierto. De poco nos sirven agendas muy ambiciosas y
participativas si después no existe voluntad, capacidad y ejecución por parte
de los Estados para poder cumplir sus compromisos. La agenda legislativa en
España no puede esperar más y debe ser un compromiso político sin excepción
para lograr avanzar”.
Los instrumentos que pueden ayudar a mejorar son:
“– Contar con unas políticas de contenido estratégico
pertinentes, válidas y eficaces, que permitan desde lo más alto a lo más bajo
de la organización tener una visión de lo que significa y conlleva toda la
materia de lucha contra el fraude y la corrupción”
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