En un contexto mediático poco adecuado para el detalle y habituado ya al trazo grueso, hemos prestado poca atención a la aprobación, por el Consejo de Ministros[i] el pasado mes de junio, del II Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDDHH), casi 15 años después de su primera versión presentada por la entonces vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York, en 2008. Desde entonces hasta la fecha ninguno de los gobiernos posteriores renovó esta declaración que establece los principios y los compromisos de nuestro país para garantizar el respeto y el cumplimiento de los derechos humanos.
En ese contexto en el que cada vez suenan mas alto las voces
contrarias a la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o el
Protocolo de Kioto, conviene recordar que cuando hablamos de derechos
humanos también hablamos de políticas de igualdad, los derechos medioambientales
o el trabajo digno. Y el refuerzo del papel de “lo público”, gobiernos
y Administraciones, decisores y personas empleadas públicas, para su adecuado
desarrollo.
El II PNDDHH plantea más de 400 medidas que se llevarán
a cabo durante los próximos cinco años, organizadas en torno a cuatro ejes:
“las obligaciones internacionales y de cooperación de España, la protección y
el impulso de los DDHH, la igualdad entre mujeres y hombres y la
garantía de la igualdad de trato, la no discriminación y la protección
de grupos específicos de población”, con derechos civiles clásicos, como los políticos
y sociales, y los “nuevos derechos”. “como la protección del medio ambiente,
de los datos personales ante la evolución de las nuevas tecnologías
—incluida una mención a la inteligencia artificial—, o vulnerabilidades
surgidas por el envejecimiento de la población y las nuevas demandas
y formas de participación ciudadana en la vida pública”.
Por ejemplo, en el terreno laboral se ha trabajado con la
idea de que el Salario Mínimo Interprofesional se sitúe, al menos, en el 60%
del salario medio del país. Y en oros ordenes de cosas se ha trabajado para
evitar “la exclusión digital de las personas mayores, ampliar las protecciones
ante los riesgos de la inteligencia artificial, garantizar el consumo de
energía o cuidar la salud de los ciudadanos ante el cambio climático”, e
incluir “el refuerzo de los derechos de las víctimas de terrorismo, o el
impulso de medidas de reconocimiento y acceso a la justicia restaurativa para
víctimas de violaciones de derechos humanos durante la Guerra Civil y la
Dictadura”. Y en el ámbito de la Educación, “el refuerzo de la enseñanza
inclusiva y con equidad, así como la prevención del abandono escolar.”
El impulso del “derecho a los servicios sociales para
toda la población”, abarca desde “el establecimiento de unos mínimos de
protección social para todo el país hasta el desarrollo del Sistema de
Atención a la Dependencia”. Y el compromiso de proteger los derechos de la
infancia, erradicar la pobreza infantil y la violencia contra niños y
adolescentes, además de garantizar los derechos de los menores extranjeros”. Vemos
también contenidos relacionados con “el derecho a la vivienda, ingresos
suficientes para vivir dignamente, así como la promoción y disfrute de un medio
ambiente adecuado” y el reto de alcanzar “la igualdad real y efectiva de
mujeres y hombres en el mundo laboral”, así como hacer realidad “la igualdad de
trato y no discriminación de personas LGTBI, del pueblo gitano y de las
familias en situación de vulnerabilidad.”
http://www.ptsex.es/el-consejo-de-ministros-aprueba-el-ii-plan-de-derechos-humanos-2023-2027/
El I Plan de Derechos Humanos tuvo la referencia temporal 2008-2012 y dio cumplimiento al compromiso internacional adoptado por España ante Naciones Unidas en 1993 y ratificado en 2020 con motivo del último Examen Periódico Universal (EPU).
En esta ocasión, el trabajo ha sido desarrollado por la Secretaría
de Estado de Relaciones con las Cortes, del Ministerio de la
Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, sobre la base
de la Constitución Española, la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
los pactos internacionales y todos los tratados específicos ratificados por
España.
El nuevo Plan consta de 4 grandes ejes de actuación, 10
principios orientadores, 16 objetivos generales, 71 objetivos
específicos y más de 400 medidas concretas. El primer eje establece
las obligaciones internacionales y de cooperación de España; el segundo
eje contiene medidas para avanzar en la protección y promoción de los
derechos humanos; el tercero se refiere a la igualdad entre mujeres y
hombres, con medidas que van desde la lucha contra la violencia de género
hasta las brechas en el empleo, los cuidados y la conciliación; y el cuarto
tiene por objeto garantizar la igualdad de trato, la no discriminación y la
protección de grupos específicos.
La aprobación de este plan complementa el trabajo de otros
planes y estrategias del Gobierno, como el Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia (PRTR) o el Plan Anual Normativo (PAN), coincide con el 75ª
aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y con la presidencia
española del Consejo de la UE.
Ha sido fruto de un denso proceso de diálogo y deliberación. Además de 17 ministerios, una Comisión Asesora compuesta por expertos de prestigio; el Congreso de los Diputados y el Senado, que han revisado el borrador del Plan y planteado observaciones; han participado diferentes institutos universitarios dedicados a la investigación a esta materia; más de 50 organizaciones de defensa de los DDHH, como el Comité de DDHH la ONU, Amnistía Internacional, Save the Children o el Consejo de Participación LGTBI; el Defensor del Pueblo; los agentes sociales; las CCAA o la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), así como miles de ciudadanos y ciudadanas a título particular, que han enviado sus aportaciones a través de una consulta pública.
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