Décimo quinto aniversario de la Ley de Buena Administración y Buen Gobierno

Hoy 31 de marzo de 2026 se cumplen 15 años de la aprobación de la Ley de Buena Administración y Buen Gobierno, que impulsaron el expresidente Xisco Antich y el ex conseller Albert Moragues y que articulamos, desde el Parlament y el Govern, Rosamaria Alberdi y yo mismo. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 53, de 9 de abril de 2011) En la exposición de motivos se hacía referencia a la realidad de una ciudadanía más exigente en busca de una legitimación social “que va más allá de la que proporciona la mera existencia y el funcionamiento de los mecanismos institucionales, democráticos y de la acción de gobierno”. Y a las dos grandes transformaciones del desarrollo del Estado de las Autonomías, y la incorporación activa a la Unión Europea. “El derecho a una buena administración – se decía - es decir, a la presencia y al despliegue del conjunto de principios, herramientas, estrategias e instrumentos que dirigen la actuación de la administración hacia la ciudadanía, ha sido objeto de una regulación que ha supuesto unos niveles de exigencia cada vez más altos y que, hoy en día, nos habla al mismo tiempo de la calidad de las organizaciones y de los servicios públicos. En el ámbito europeo, el Tratado de Lisboa de 13 de diciembre de 2007 reconoce los derechos, las libertades y los principios enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales de 7 de diciembre de 2000, adaptada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo, y proclama que dicha carta tiene el mismo valor jurídico que los tratados.” Y se citaba el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 8 de mayo de 2009 para impulsar la simplificación y la reducción de cargas administrativas en la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears, y el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de diciembre de 2009 por el cual se aprueba la implementación del sistema de gestión por procesos de la comunidad autónoma de las Illes Balears. Y la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo de 16 de marzo de 2005 «Legislar mejor para potenciar el crecimiento y la ocupación en la Unión Europea», la Comisión ya recomendaba que todos los estados miembros establecieran estrategias para legislar mejor y, en particular, sistemas nacionales de evaluación de impacto que permitieran determinar las consecuencias económicas, sociales y medioambientales de una norma, como también las estructuras de apoyo adaptadas a sus circunstancias. Se desarrolló en un título preliminar y tres títulos más, 51 artículos, tres disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y cinco disposiciones finales. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 53, de 9 de abril de 2011)