En línea con lo anunciado por el Gobierno de España, se ha dado el primer paso para aprobar las medidas anticorrupción anunciadas tras el denominado “caso Cerdán”, que entrará en vigor antes de que acabe la legislatura.
El también denominado Plan Anticorrupción, desde la Ley Orgánica de Integridad Pública, cuyo anteproyecto ha sido aprobado ya por el Consejo de Ministros incluye un total de 84 medidas que modifican 18 leyes, seis de ellas orgánicas.
La Ley Orgánica introduce cambios en materia de contratación pública, como hacer "público y accesible" el registro de empresas con prohibiciones para contratar con la administración. Y se incrementarán las condenas de inhabilitación para acceder a contratos públicos para aquellas empresas condenadas por prácticas corruptas.
Los controles a las donaciones a partidos políticos y fundaciones se endurecerán: tendrán que informar en el plazo de un mes por aquellas que superen los 2.500 euros en vez de los 25.000 euros actuales.
Y se establece para ellos la obligación de realizar "auditorías independientes" de sus cuentas.
La Agencia Independiente de Integridad Pública será el responsable de coordinar “la protección de los intereses financieros contra el fraude, diseñará mapas de riesgo, gestionará el canal de denuncias, tendrá un sistema de protección de las personas informantes, instruirá procedimientos sancionadores y gestionará el registro de grupos de interés”. Integrará la Oficina de Conflicto de Intereses, la Autoridad Independiente de Protección al Informante y el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude.
Ampliación de la prescripción de los delitos de corrupción
Con esta nueva norma, según la ministra Montero, "se podrá dedicar más tiempo a investigar delitos complejos", ya que se amplía la prescripción de los delitos de corrupción de cinco a siete años.
Y se trabajará para recuperar el dinero malversado a través de la "oficina de recuperación y gestión de activos". Aumentará la capacidad del Estado para embargar bienes desde el inicio de la investigación a través de figuras como el "decomiso sin condena" y el "decomiso de riqueza no justificada".
Además, la nueva norma podrá establecer que los condenados por delitos de corrupción no puedan acceder a beneficios penitenciarios hasta que hayan devuelto íntegramente las cantidades extraídas del erario público y sus respectivos intereses.
Del mismo modo, el anteproyecto plantea regular la figura de los lobbies o grupos de presión, lo que la ley denomina "huella normativa".
https://www.rtve.es/noticias/20260217/gobierno-primer-paso-aprobar-medidas-anticorrupcion-anunciadas-sanchez-tras-caso-cerdan/16941583.shtml
En estos días pasados hemos visto una de las iniciativas en el terreno de la política parlamentaria más positivas de esta legislatura: un grupo de diputados liderado por Roberto Uriarte, diputado por Vizcaya de Unidas Podemos, se ha propuesto frenar la escalada verbal y el clima de polarización que se respira principalmente en el Congreso de los Diputados. Uriarte comenzó a preparar su idea el pasado otoño en la cafetería del Congreso dispuesto a romper con una situación que sitúa a España como uno de los países con mayor polarización , según un estudio publicado por las universidades de Brown y Stanford, sin que la tendencia, por otro lado, nos sea exclusiva, como vemos en Estados Unidos, últimamente. María Guijarro del (PSOE), Sara Jiménez de (Ciudadanos), Jon Iñárritu de (EH-Bildu), entre otros, algunos a título particular, se reunieron con Uriarte para buscar fórmulas que permitan reflejar adecuadamente el acuerdo político, “como resaltar el trabajo en las comisiones, más...
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