Ir al contenido principal

Una ITV para las Organizaciones Públicas

Hace algunas semanas que estoy leyendo y hablando con colegas sobre la Tercera Nueva Gestión Pública (3raNGP) en el mundo local y  he observado que hay, al menos, tres maneras de abordar el asunto: por un lado, si decidimos que la 3raNGP es un camino por el que transitará una organización hasta llegar a un lugar diferente y mejor; por otro, si la 3raNGP es la meta o el lugar al que queremos llegar, que queremos alcanzar, como organización; y finalmente, si pensamos que la 3raNGP es el vehículo que utilizaremos en ese recorrido que nos permitirá llegar desde donde estamos al lugar soñado. Y he visto que, cada una de las opciones presenta perfiles de gran interés.

Cuando la consideramos como un camino aparece con fuerza el asunto de los tiempos que vamos a necesitar y otros temas externos, más físicos, como los en relación con el terreno – los recursos, por ejemplo -, la climatología – el contexto político, tal vez -, etc. Cuando lo consideramos como un lugar, entra más en juego la imaginación y se muestran más los aspectos de modelos – la gobernanza quizá -, los intangibles – los valores, pudiera ser -, etc.; y cuando lo consideramos como un vehículo, aparecen más los elementos de equipamiento internos relacionados con la propia organización – como la selección de personas, incluidas las directivas, la evaluación del desempeño, …-

Asi que, me he dado cuenta de que si nos ponemos en la imagen del vehículo - pensemos en una pequeña furgoneta de transporte de personas -, es más fácil visualizar lo que debe ser o lo que no será la 3raNGP porque todo el mundo sabe lo que es un volante, las luces, las ruedas, - hace poco Concepción Campos hablaba de motores y de frenos - etc.

Y ya, puestos a suponer, pensemos que hubiera una red de ITV de organizaciones públicas que tuvieran que comprobar la situación del vehículo / organización, al año de cada cambio de mandato.

Imaginemos, en esa línea, que la EVALUACION son el estado de las ruedas, y que tenemos cuatro, una rueda por cada tipo de evaluación: de políticas públicas, de organizaciones, de servicios y de personas, del desempeño, por ejemplo. Mi pregunta es ¿Cuántas organizaciones desarrollan cuatro tipos de evaluaciones y, por consiguiente, podrían avanzar con cuatro ruedas, y cuantas solo pueden deslizarse sobre la parte de abajo del chasis? Imaginemos que el LIDERAZGO son el volante y las luces y nos preguntamos, ¿Qué organizaciones pueden asegurar que sus decisores tienen las competencias necesarias o se han dotado de personas directivas públicas competentes y, por lo tanto, tienen movilidad? Y si la GESTION DE PERSONAS, incluida una selección inteligente como realiza la EPSO, fuera el motor, ¿Cuántas organizaciones deberán avanzar empujando a mano el coche? ¿Y si la INTEGRIDAD fueran las normas y el carnet de conducir? ¿Y si la ESCUCHA INTERNA Y EXTERNA, y la interoperabilidad fueran todos los cables y conducciones?  ¿Cuántas organizaciones pasarían esa ITV?

¿Nos hacemos una idea de las condiciones en las que están “nuestros vehículos” y de los riesgos que estamos corriendo?

Y porque tenemos a los viajeros cautivos

Comentarios

Entradas populares de este blog

La DPP, incluida como una de las propuestas estrella para la reforma de la Administración del Estado.

 Catorce años y medio después de la publicación del Estatuto Básico del Empleado Público y su artículo 13 sobre “Personal directivo profesional” en el gobierno de JL. Rodríguez Zapatero - tras el impasse de los gobiernos de M. Rajoy - se registra un impulso poderoso y concreto en esa dirección, con la publicación, hace unos días, a finales del 2021, del informe “Propuestas para reformar la Administración del Estado”, que dedica uno de sus 13 apartados a la “Profesionalización de la dirección pública”. El informe es el resultado del compromiso del Ministerio de Hacienda y Función Pública con la Administración del siglo XXI, para afrontar los retos del futuro, poniendo en valor los servicios públicos en la etapa post pandemia para “redistribuir la riqueza, evitar desigualdades y actuar como impulsor del dinamismo económico, de la innovación, de la investigación y de la capacitación del capital humano que luego se trasladará a la economía en su conjunto”. Un reto que “no sólo requier

100 artículos de dirección pública, con Wolters Kluwer.

En estos días celebramos en la Asociación Dirección Pública Profesional, de España, la publicación de 100 artículos gestionados con la editorial Wolters Kluwer, para su “ Especial Directivos ”, hito que me hace ilusión compartir públicamente. La primera etapa de esa colaboración ADPP / WK la coordinó el profesor Enrique   Varela , de la UVIGO, y esta segunda, en la que ahora estamos, me ha tocado a mí. Creo que esta es una buena ocasión para poner al alcance de los lectores de material sobre la actualidad, las preocupaciones o los posicionamientos de las personas directivas, los cerca de 20   artículos que se han publicado en abierto durante el pasado 2021 - cuyos enlaces pondré a continuación - pero arrancando del primero de este 2022, por su especial contenido, ya que reúne las 25 conclusiones de nuestro 2º Congreso Global de Dirección Pública Profesional, celebrado muy recientemente: https://bit.ly/3GewY8D Los contenidos publicados a lo largo del 2021 no sólo para suscriptore

Test sobre conflicto de interés, prevención del fraude y la corrupción

El gobierno de España, a través del ministerio de Hacienda y Función Pública, propone un test sobre conflicto de interés, prevención del fraude y la corrupción , en el marco de un sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), mediante la Orden HFP/1030/2021 , de 29 de septiembre, que incluye un importante paquete de medidas para evitar riesgos, entre otros los que se refieren a la integridad pública.  Concretamente, el test citado es uno de sus anexos, el II.B.5, se compone de 16 ítems que pueden valorarse en una escala de 1 a 4  y cuyos enunciados son los siguientes:  1. ¿Se dispone de un «Plan de medidas antifraude» que le permita a la entidad ejecutora o a la entidad decisora garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de