Experimentación en políticas públicas

Con la finalidad de que aumente el conocimiento de los decisores públicos respecto a la experimentación en políticas públicas y la cultura de la evaluación en las Administraciones, la fundación Cotec ha publicado un estudio (1) —con el título que he tomado para este artículo— que ofrece una visión global de nuestro marco normativo para la EPP, un análisis del estado de situación, y su evolución histórica, a nivel internacional y en España. 

El documento contiene también una batería de casos de estudio y una lista de recomendaciones para el impulso del desarrollo de este tipo de prácticas en nuestro país. 

La experimentación en políticas públicas es un método de investigación que se propone conocer los resultados previsibles de una política pública en un contexto —social, económico y cultural— determinado y establecer una relación causal entre una intervención y sus resultados. Para ello hay que controlar las condiciones externas, y contar con un escenario contrafactual, donde se compara la evolución del «grupo de tratamiento» —al que se aplica la intervención— con el «grupo de control» —al que no se aplica la intervención—. Es esencial la selección idónea de ambos grupos, como es natural.

El informe destaca que la experimentación pública ha vivido un importante avance en las últimas dos décadas, especialmente en los países anglosajones, y que en nuestro país, aun mucho más ligeramente, también se ha producido un cambio en los recientes diez años, en la cooperación internacional para el desarrollo y con la actuación de la agencia catalana de evaluación de políticas públicas, Ivàlua, merced a la percepción de que, aunque inicialmente estos métodos de investigación suponen un gasto adicional en las políticas, a medio y largo plazo significan ahorros al identificar qué actuaciones son una inversión eficaz y cuáles no, para lograr un determinado resultado. Y, recientemente, por las iniciativas vinculadas con el ingreso mínimo vital desarrolladas por el Ministerio de Inclusión y por la financiación de los fondos europeos Next Generation. 

Se citan las iniciativas del Banco Mundial, en cooperación internacional, del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), con el Laboratorio de Acción contra la Pobreza (JPAL), o del Gobierno británico, con la Unidad de Estudios Conductuales, la creación en 2011 de la red What Works Network y el lanzamiento en 2014 del Innovation Growth Lab (IGL, Laboratorio de innovación para el crecimiento), junto con el posicionamiento en 2016 de los Gobiernos de Canadá y Finlandia estableciendo la experimentación pública como un objetivo político. 

Otro hito que se señala en el informe como más relevante en este terreno es el programa lanzado en 2017 por la Comisión Europea para promover la utilización de ensayos de control aleatorios —conocidos como RCT por las siglas en ingles de Randomized Control Trials— en las agencias de innovación, con cuatro millones de euros. El mencionado IGL, una colaboración global de gobiernos, fundaciones e investigadores, dirigida por Nesta (2) , la agencia de innovación del Reino Unido, que desarrolla y prueba diferentes enfoques para apoyar la innovación, el espíritu empresarial y el crecimiento, cree que se necesita un enfoque más experimental para la política de innovación y crecimiento. «Queremos probar nuevos instrumentos y evaluarlos más rigurosamente. Esto implica hacer mucho más uso de ensayos controlados aleatorios para averiguar qué funciona y qué no, un enfoque que se ha aplicado con éxito en otros campos, como la economía del desarrollo, la salud y la educación. El mundo ha cambiado, al igual que las oportunidades y las herramientas que los formuladores de políticas tienen a su disposición para mejorar el desempeño de la innovación en sus propios países. No podemos asumir que los mismos viejos instrumentos sigan siendo las mejores herramientas para apoyar la innovación y el crecimiento en estos tiempos de cambios rápidos.» 

Entre otras cosas, IGL apoya la financiación, el desarrollo y ejecución de ensayos, el desarrollo de capacidades, la construcción y conexión de comunidades, mejoran la base de conocimientos y prácticas, y la difusión de lecciones. Algunas de las recomendaciones que se recogen en el estudio citado —y que recojo aquí casi textualmente— son: 

1. Comenzar por fomentar la experimentación pública en el diseño de pequeñas intervenciones, como una forma de generar referentes demostrativos de la eficacia de introducir estas metodologías en las políticas públicas. 

2. Incluir metodologías experimentales innovadoras en el diseño de las intervenciones que atraigan fuentes de financiación especializadas, por ejemplo, en intervenciones financiadas por la UE, con el objetivo de que este tipo de experimentos no se den de manera aislada y sin acompañamiento. 

3. Fomentar la generación y establecimiento de «fondos de experimentación». 

4. Facilitar por parte de la Administración el acceso a datos masivos para el desarrollo de actuaciones de experimentación. 

5. Flexibilizar determinados procedimientos administrativos que pueden suponer un obstáculo para el desarrollo de este tipo de metodologías, así como los plazos para el diseño de las políticas públicas. 

6. Fortalecer una mayor conexión entre las entidades que desarrollan habitualmente este tipo de metodologías (como son las universidades, los centros de investigación y las empresas especializadas) y la Administración pública. 

7. Desarrollar actuaciones de formación, sensibilización y concienciación entre el personal técnico de las AAPP. 

8. Generar una base de evidencias derivada de experimentos que se realicen en el país, que fomenten el intercambio de conocimientos y la transparencia de los resultados. 

9. Favorecer el desarrollo de actuaciones relacionadas con la economía del comportamiento, comenzando por incluir enfoques conductuales en las intervenciones públicas que sean pertinentes, con el asesoramiento de instituciones privadas y académicas en España o creando una unidad dentro de la AGE que asesore en la materia. 

10. Desarrollar desde la Administración, como ha hecho el Gobierno finlandés, códigos éticos para el desarrollo de la experimentación pública. 

11. Tras la aprobación de la reforma de la Ley de la Ciencia en septiembre de 2022, en cuyo artículo 2.f se incluye el compromiso de «promover la innovación pública, entendida como aquella innovación protagonizada por el sector público y, en particular, la capacidad de experimentar en política pública, diseñar intervenciones basadas en evidencias —especialmente científicas—, regular atendiendo al impacto normativo en innovación, desarrollar bancos de pruebas y desplegar una contratación pública comprometida con la incorporación de soluciones innovadoras y de I+D», el Ministerio de Ciencia e Innovación (Micinn) deberá definir su rol en el impulso de la experimentación de las políticas públicas.

El informe que publica la fundación Cotec (3) se refiere a la conveniencia de crear en determinadas ocasiones un «sandbox» regulatorio, un marco delimitado donde se prueban nuevos modelos de actuación que no terminan de encajar en la regulación, para la experimentación, de manera que se minimiza la inseguridad jurídica y se facilita la colaboración entre AAPP, empresas y ciudadanía.  

(1)  https://cotec.es/proyecto/experimentacion-en-las-politicas-publicas/5185b23c-6913-f3cd-29f9-e8c5b278a4db

(2) https://www.nesta.org.uk/ 

(3) https://cotec.es/

Especial Directivos, Nº 1837, Febrero de 2023